El principal desafío del cargo consiste en fortalecer la gestión pedagógica desde un enfoque inclusivo, centrado en el desarrollo integral y el bienestar de estudiantes con discapacidad intelectual y discapacidad múltiple, promoviendo aprendizajes significativos y ajustados a las características individuales de cada uno. En este contexto, se hace esencial el uso de metodologías activas, colaborativas y diversificadas que favorezcan la adquisición de habilidades del siglo XXI, tales como la comunicación, la autonomía, y la resolución de problemas, desde un enfoque funcional y práctico. Para ello, se requiere una planificación pedagógica flexible, basada en criterios de evaluación formativa adaptada, que permita valorar los avances individuales por sobre los estándares generales y el resguardo de una mirada comprensiva de la implementación del curriculum escolar vigente para esta modalidad educativa. A su vez, deberá promover, potenciar y fortalecer aprendizajes que permitan a los y las estudiantes contar con habilidades y herramientas efectivas que favorezcan la autonomía de los y las estudiantes para su inserción e inclusión efectiva a la sociedad, mundo laboral y continuidad de estudios.
Es prioritario implementar mecanismos de acompañamiento continuo al cuerpo docente y a los equipos de apoyo, fortaleciendo las capacidades pedagógicas mediante instancias formativas pertinentes a la educación especial, promoviendo el trabajo colaborativo entre profesionales y asegurando la coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional, los planes de aula y las trayectorias educativas de los estudiantes. Asimismo, se deben optimizar las estrategias de transición entre niveles educativos, ya sea dentro del mismo establecimiento o hacia otros espacios formativos, laborales o comunitarios, asegurando la continuidad de los procesos educativos y el acompañamiento a las familias.
Otro desafío clave es consolidar un liderazgo pedagógico transformador que impulse el desarrollo profesional de todos los integrantes del equipo educativo, promoviendo la actualización y ejecución del Plan Local de Desarrollo Profesional Docente, el fortalecimiento del trabajo intersectorial, y la participación de las familias y de actores locales en la vida escolar. El liderazgo debe también fomentar la participación democrática, el sentido de pertenencia y el compromiso con una educación digna, equitativa y centrada en los derechos de los estudiantes.
En materia de convivencia escolar, el desafío consiste en construir y sostener un entorno seguro, protector y afectivo, que responda a las particularidades de los estudiantes, promoviendo su inclusión plena y bienestar emocional. Esto implica consolidar prácticas institucionales basadas en el respeto, la empatía y la diversidad, así como implementar acciones de formación y prevención que involucren a todos los estamentos de la comunidad educativa. También se requiere revisar y actualizar la normativa interna —como el Reglamento Interno, los Protocolos de Actuación y el Plan de Gestión de Convivencia Escolar— con una mirada inclusiva y en diálogo permanente con el Consejo Escolar.
Finalmente, resulta fundamental diseñar estrategias para mejorar la asistencia y permanencia de los estudiantes, a través de una vinculación significativa con el establecimiento, el fortalecimiento del trabajo con las familias y la adaptación de las prácticas pedagógicas que permitan avanzar en procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados. En ausencia de evaluaciones estandarizadas, se deben priorizar herramientas de evaluación alternativa como portafolios, registros de progreso individual, rúbricas funcionales y otros instrumentos pertinentes que permitan valorar efectivamente los avances de los y las estudiantes, reconociendo sus logros desde una perspectiva integral, inclusiva y respetuosa de la diversidad.